A lo largo de 2025, el panorama de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Espa\u00f1a ha evolucionado con un total de 58 zonas activas, 91 en diversas fases de aprobaci\u00f3n y 20 a\u00fan por iniciar su proceso. Esta informaci\u00f3n, proporcionada por el Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica (Miteco), revela un avance moderado, con un incremento marginal en la proporci\u00f3n de municipios que han implementado estas zonas, pasando de un 32.5% en julio a un 34.3% en diciembre.
Detalles de la Implementaci\u00f3n de las Zonas de Bajas Emisiones
Las ZBE, establecidas por la Ley de Cambio Clim\u00e1tico de 2021 y un decreto real de 2022, tienen como objetivo restringir la circulaci\u00f3n de veh\u00edculos m\u00e1s contaminantes en poblaciones con m\u00e1s de 50,000 habitantes, o en aquellas de m\u00e1s de 20,000 que excedan los l\u00edmites de contaminaci\u00f3n, adem\u00e1s de los territorios insulares. Aunque la fecha inicial de implementaci\u00f3n era el 1 de enero de 2023, el proceso ha experimentado demoras, incluso con extensiones de plazo hasta finales de 2026.
Recientemente, Pamplona ha activado su ZBE en el casco antiguo, mientras que Sevilla ha flexibilizado las penalizaciones. Sin embargo, Valencia ha rechazado su implementaci\u00f3n seg\u00fan las directrices nacionales, y Torrelavega suspendi\u00f3 temporalmente las restricciones durante las festividades navide\u00f1as. Por otro lado, Vitoria comenz\u00f3 a aplicar multas a los infractores a mediados de diciembre. El Defensor del Pueblo ha emitido recomendaciones a varios municipios por sus retrasos, y a\u00fan quedan pendientes localidades como Arganda del Rey, Arona y Orihuela, adem\u00e1s de la mayor\u00eda de las islas Baleares y Canarias. La definici\u00f3n de cada ZBE, sus criterios de acceso y las sanciones corresponden a cada administraci\u00f3n local, lo que ha generado m\u00faltiples litigios con resultados variables.
Los territorios insulares representan un desaf\u00edo significativo, ya que, a pesar de que algunas de sus ciudades ya han avanzado, las islas en su conjunto requieren planes coordinados debido a su fragilidad ambiental y vulnerabilidad a la poluci\u00f3n vehicular. La coordinaci\u00f3n entre las autoridades locales y auton\u00f3micas es crucial para el \u00e9xito de estas medidas. La clasificaci\u00f3n de veh\u00edculos mediante el distintivo ambiental de la DGT sigue siendo el sistema principal para regular el acceso a estas zonas, aunque la Ley de Movilidad Sostenible de este oto\u00f1o buscaba modificar estas etiquetas, una propuesta que fue finalmente retirada. Actualmente, Madrid ha extendido una moratoria para veh\u00edculos sin etiqueta de residentes hasta finales de 2026, y Barcelona impondr\u00e1 restricciones a los veh\u00edculos con etiqueta B en episodios de alta contaminaci\u00f3n a partir del 1 de enero.
La implementaci\u00f3n de las Zonas de Bajas Emisiones en Espa\u00f1a es un claro reflejo del compromiso del pa\u00eds con la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio clim\u00e1tico. Sin embargo, la disparidad en el avance y la heterogeneidad de las respuestas municipales subrayan la complejidad de coordinar pol\u00edticas ambientales a nivel nacional. La resistencia y los desaf\u00edos jur\u00eddicos demuestran la necesidad de una comunicaci\u00f3n m\u00e1s efectiva y una mayor adaptabilidad en las normativas para garantizar que estas iniciativas, vitales para la salud p\u00fablica y el medio ambiente, puedan consolidarse de manera equitativa y eficiente en todo el territorio.